Neoliberalización de la ciudad: desigualdad en la distribución de áreas verdes en el gran Santiago

Los fenómenos migratorios masivos hacia los centros urbanos comienzan tras la Revolución Industrial, específicamente por la oferta económica y las nuevas posibilidades que la ciudad representaba. Actualmente un 55,4% de la población mundial vive en ciudades (Demographia World Urban Areas, 2018) y Chile no está lejos de esta realidad mundial. Más aún, es uno de los países más urbanizados de América Latina (ONU-Habitat) y tiene más del 87% de la población habitando en la ciudad (PNUD, 2014). Dentro de estas cifras, la población se concentra principalmente en tres ciudades, liderando el Gran Santiago con un 39%, siguiendo el Gran Valparaíso con un 6,6% y luego el Gran Concepción con un 6.5% (CENSO, 2017).

Este crecimiento exponencial de la ciudad ha sucedido en conjunto a un acelerado desarrollo capitalista, el cual trae múltiples contradicciones; como lo es el aumento de derechos y la falta de participación o derecho a la ciudad. Es decir, aun cuando la creciente urbanización ha permitido que las personas puedan acceder a más beneficios y servicios que en la ruralidad, existen múltiples deudas o problemáticas urbanas. Una de estas, es la serie de situaciones que van desde problemas particulares hasta problemas más generales, como la segregación espacial o la desigualdad urbana… problemas de conectividad, de congestión, de pérdida de identidad, de contaminación, de degradación ambiental, (Gobierno de Chile, 2016) de centralización, entre otros.

Chile, presenta tasas de segregación espacial altísimas (COES, 2017) y las diferencias socio-espaciales protagonizan gran parte del conflicto urbano de nuestros tiempos. Por su parte, el Estado –seguidor de un modelo neoliberal– reproduce una neoliberación de la ciudad (Fredes & González, 2009). Con esto me refiero a que los modelos socioeconómicos son los que generan las ciudades, por lo tanto, un modelo socioeconómico desigual como el que tenemos, no puede formar otro tipo de ciudad que no sea desigual. El Estado, al ser la principal fuerza que interviene y coordina el conjunto de actores urbanos por medio de la gobernanza y gobernabilidad, distribuye los espacios geográficos, el uso del suelo y cómo se reparte a través de políticas públicas y subsidios habitacionales. La desigualdad territorial en Chile, ha radicado principalmente en la segregación espacial y la marginalización en la periferia, generando diferencias significativas según el espacio que habitamos, lo cual se ve reflejado en la infraestructura, en los servicios básicos, en el transporte, en la calidad de los servicios, en la seguridad pública y en el espacio público –principalmente en plazas y áreas verdes–.

Si bien el discurso en torno al creciente desarrollo de nuestro territorio, menciona que en las últimas décadas se disminuyeron los campamentos en Chile –sin contar el contexto actual producto de la pandemia por Covid-19, donde la pobreza y los campamentos han crecido considerablemente– la realidad es que la mayoría de las viviendas sociales brindadas por el Estado –específicamente desde la Dictadura en adelante– han sido en la periferia, en confines urbanos con baja calidad de vida, con casi nulo diseño y planeamiento urbano, con escasas áreas verdes y alejados de los centros urbanos, es decir: con menos recursos y menos accesos.

“Desde 1950, cerca del 40% de las viviendas sociales fueron construidas sistemáticamente en la periferia de las grandes ciudades. Esta situación fue potenciada desde 1980, fundamentalmente por la ausencia de regulación legal y de incentivos políticos para la integración urbana” (CIS 2014).

Algunas corrientes filosóficas –marxismo– se interpreta a la marginalidad como una intención política del Estado y como un instrumento de dominación de clase. Por lo tanto, la entrega de subsidios habitacionales en la periferia, sería la forma en que el Estado fragmenta a la población y posibilita que las clases dominantes prefieran estar sobre la cota mil, es decir, cada vez más en las zonas altas de la ciudad.

No cabe duda que la ciudad de Santiago se encuentra totalmente fragmentada, donde existen barreras físicas para la inclusión y la distribución equitativa de oportunidades, como también una inequitativa distribución de espacios públicos, parques y plazas.

Esta desigualdad –y déficit– de áreas verdes en algunas comunas del Gran Santiago ha obtenido relevancia y ha generado preocupación en los Ministerios y Municipalidades durante los últimos años, donde por ejemplo desde el 2018 el MINVU (Ministerio de Vivienda y Urbanismo) junto a la fundación Mi Parque están trabajando en la elaboración de una Política Nacional de Parques Urbanos (PNPU) que busca, por primera vez, establecer lineamientos y directrices sobre la gestión, conservación y mejoramiento de los parques urbanos de Chile.

Al recorrer Santiago se observan las diferencias significativas que existen en las áreas verdes entre comunas. Las escalas de verdes varían a grises dependiendo la comuna, lo que evidencia también el distinto panorama estético y las implicancias que podría tener esto según la psicología del color.

La desigualdad de áreas verdes por comunas en el Gran Santiago es gigantesca, en tanto metros cuadrados, calidad y cantidad. Mientras que en Las Condes y Providencia se tiene más de un 70% de vegetación, Lo Espejo y Renca cuentan con una cantidad menor al 30% (Fundación Mi Parque, 2017). La distribución de áreas verdes replica casi con exactitud el mapa socioeconómico de la ciudad, existiendo una correlación entre el ingreso familiar y el estándar de áreas verdes.

“En La Pintana (ingresos bajos) el 19,6% de la población tiene acceso a un área verde de al menos 5.000 m2 cerca de su vivienda (300 m); en San Miguel (ingresos medios) el 45,3% y en Vitacura (ingresos altos) el 74,1% de la población” (Reyes & Figueroa, 2010)

La OMS (Organización Mundial de la Salud) recomienda como mínimo 9m2 de áreas verdes por habitante, pero solo 15 comunas aprueban este lineamiento, liderando Vitacura, Recoleta, Providencia, La Reina, Cerrillos y Lo Barnechea y en regiones Machalí, Osorno, Santo Domingo, Punta Arenas y Valdivia.

No cabe duda de que las áreas verdes son vitales para mejorar la calidad de vida de un barrio y de las personas, pues son un lugar de encuentro, de esparcimiento y de recreación, y a la vez tienen impactos positivos para el aire, la temperatura y el cambio climático.

Las barreras para igualar la cancha en las comunas son muchas y se hacen necesarios nuevos planes integrales de renovación urbana que tengan énfasis en las áreas verdes y en la disminución de la desigualdad espacial a través de políticas públicas bien distribuidas a lo largo y ancho del territorio. Así también, los problemas de áreas verdes vienen de la mano con problemáticas asociadas a microbasurales y terrenos eriazos, dependiendo de la preocupación que disponga la comuna para mantener las áreas verdes existentes a través de sus PLADECOs, por lo que la gestión municipal va de la mano de la preocupación estatal.

“74% de las comunas tiene un plan de acción para sus áreas verdes y sólo un 34% planes de inversión y seguimiento. Existe la necesidad de reforzar las capacidades institucionales locales asumiendo la importancia que tienen estas herramientas para la gestión municipal” (Fundación Mi Parque, 2017)

En este sentido, la planificación urbana impacta tanto en la distribución del suelo, como en la dotación de áreas verdes. Las políticas que dan forma a la ciudad promueven la proliferación de espacios que pueden otorgar beneficios sociales, económicos y ambientales, a diferencia de lo que actualmente sucede (Reyes y Figueroa, 2010). A pesar de esto, la Política Nacional de Parques Urbanos es una esperanza para estas temáticas, pues buscan mejorar la distribución y déficit a nivel nacional de las áreas verdes.

La nueva Constitución, también se presenta como una gran oportunidad para las áreas verdes en la ciudad, pues a través de lineamientos generales medioambientales, se pueden garantizar condiciones mínimas de habitabilidad y de espacios de recreación, además de cuestiones fundamentales como el Derecho a la Ciudad, lo cual es más que un derecho de acceso individual o colectivo a los recursos, sino también el derecho a cambiarla y reinventarla de acuerdo a nuestros deseos o necesidades. A través del urbanismo táctico, también es posible entregar solución a las problemáticas de falta de planificación y de desigualdad territorial que presenta la ciudad de Santiago; buscando reivindicar, reconfigurar, repensar y rehacer las ciudades, democratizando los espacios públicos y transformando los sitios eriazos o abandonados desde la participación ciudadana.

Referencias Bibliográficas:

• COES (2017) Estudio Longitudinal Social de Chile: Módulo III “Ciudad, conflicto y cohesión social: desigualdad socio-espacial en Chile”
• Fundación mi Parque (2017) La Gestión Municipal de áreas verdes en el gran Santiago Problemáticas, inversión y resultados a nivel comunal. Chile
• Fredes & González (2009) Segregación urbana en el Gran Santiago y políticas de fortalecimiento de la identidad barrial Biopolítica, poder, población y territorio. Revista Electrónica DU&P. Diseño Urbano y Paisaje Volumen VI N°17. Centro de Estudios Arquitectónicos, Urbanísticos y del Paisaje Universidad Central de Chile. Santiago, Chile.
• Reyes y Figueroa (2010). Distribución, superficie y accesibilidad de las áreas verdes en Santiago de Chile. EURE, 36 (109), 89-110.
• PNUD (2017) Desiguales: Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile